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La jornada laboral de 37,5 horas toma forma legislativa: el Gobierno da un paso clave

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de ley que propone reducir la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales, enviándolo al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria. Esta medida, impulsada por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, supone un avance significativo en la hoja de ruta laboral del Ejecutivo.

La reforma beneficiará a aproximadamente 12,5 millones de trabajadores, de los cuales 10,5 millones tienen jornada completa y 2 millones trabajan a tiempo parcial. Según los datos aportados por el Ministerio de Trabajo, la mayoría de los hombres beneficiados se concentran en los empleos a tiempo completo (60,5%), mientras que las mujeres representan un abrumador 75,3% de quienes trabajan a tiempo parcial.

Desde el Gobierno se destaca que esta medida tendrá especial impacto en sectores clave como el comercio, la industria manufacturera, la hostelería y la construcción, que concentran más de la mitad de los empleados que verán reducida su jornada. Por comunidades autónomas, Cataluña, Madrid y Andalucía lideran en número de beneficiarios, con más de seis millones de trabajadores entre las tres. Les siguen la Comunidad Valenciana, Galicia y Canarias.

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Un camino con resistencias

Aunque el avance legislativo supone un hito, el proyecto no está exento de controversia. La propuesta nace del acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT, pero no cuenta con el respaldo de la patronal, lo que ha generado fricciones en el diálogo social.

Además, dentro del propio Ejecutivo existen diferencias. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha expresado reservas sobre la viabilidad de implementar esta reducción sin un consenso más amplio, mostrando especial preocupación por el ajustado calendario planteado por Díaz, que aspira a que la nueva jornada se aplique antes de que termine el año.

Aun así, el proyecto avanza. Y con él, una transformación que podría reconfigurar la organización del trabajo en España, abriendo el debate sobre productividad, conciliación y calidad de vida.