Ayer 28 de abril de 2025, España se enfrentó a uno de los eventos más críticos de su historia reciente: un apagón eléctrico masivo que dejó a millones de personas sin suministro durante varias horas. Todo ocurrió a las 12:33 horas, cuando, debido a una caída súbita de 15 gigavatios en apenas cinco segundos, el sistema eléctrico peninsular se desconectó de la red europea. Aunque las autoridades han descartado que el fallo fuera consecuencia de un ciberataque o sabotaje, las causas exactas del suceso aún se encuentran bajo investigación, dejando abiertas numerosas preguntas sobre la seguridad energética nacional.
El apagón tuvo un impacto inmediato y brutal en la economía. La producción industrial fue la primera en resentirse: fábricas como la de Seat en Martorell y Ford en Almussafes suspendieron su actividad, al igual que complejos petroquímicos como el de Tarragona y refinerías en A Coruña y el País Vasco. Sectores que dependen directamente del suministro eléctrico no pudieron operar ni siquiera mediante generadores de emergencia, generando pérdidas millonarias que, según estimaciones preliminares, podrían acercarse a los 1.000 millones de euros.
El comercio también sufrió un duro golpe. Muchos establecimientos no pudieron continuar sus ventas debido a la caída de los sistemas de cobro electrónicos y la imposibilidad de operar en ambientes sin luz ni climatización. Grandes centros comerciales cerraron sus puertas, y la actividad en los pequeños comercios se redujo drásticamente, afectando a cientos de miles de trabajadores y autónomos. El apagón mostró, una vez más, la fragilidad de un modelo económico fuertemente dependiente de la tecnología y el suministro eléctrico.
El transporte público, especialmente los trenes de cercanías y los metros de ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, colapsaron, dejando a miles de pasajeros atrapados o sin opciones para continuar sus desplazamientos. El tráfico urbano se volvió caótico, con semáforos apagados que obligaron a intervenir a los cuerpos de seguridad para evitar accidentes. En paralelo, las comunicaciones móviles e internet también se vieron afectadas en amplias zonas del país, aumentando la sensación de aislamiento y vulnerabilidad entre la población.
Eventos deportivos y culturales de gran relevancia también fueron suspendidos. En Madrid, el Masters 1000 de tenis en la Caja Mágica tuvo que interrumpirse debido al corte de energía, provocando desconcierto entre jugadores, organizadores y público. En otras ciudades, conciertos, funciones de teatro y actividades al aire libre quedaron cancelados, afectando a sectores que ya venían golpeados por crisis anteriores.
La reacción del Gobierno fue inmediata: se activó el Nivel 3 de Emergencia Nacional y se desplegó al Ejército en varios puntos estratégicos para garantizar la seguridad y el orden público. La prioridad era restablecer el servicio cuanto antes y evitar que la situación derivara en problemas de mayor gravedad. A pesar del esfuerzo, no fue hasta la madrugada del 29 de abril cuando se consiguió recuperar el 92% del suministro, aunque algunas zonas rurales continuaron experimentando cortes intermitentes.
Más allá de las pérdidas económicas directas, el apagón del 28 de abril ha puesto sobre la mesa la urgente necesidad de modernizar y reforzar las infraestructuras energéticas en España. Con una creciente dependencia de energías renovables, que aunque sostenibles son más intermitentes, el sistema eléctrico necesita nuevos mecanismos de estabilidad y redundancia para evitar que una avería técnica pueda desencadenar un colapso nacional.
Especialistas en energía advierten que la transición ecológica no puede basarse únicamente en sumar más energías limpias, sino que debe acompañarse de una red inteligente y robusta, capaz de prever y reaccionar ante incidencias. De igual modo, empresas y administraciones públicas deben invertir en sistemas de respaldo que aseguren la continuidad de servicios esenciales, incluso en escenarios de emergencia.
Este gran apagón nos ha dejado una lección clara: la resiliencia energética será uno de los pilares fundamentales de la economía del futuro. España, como el resto del mundo, debe prepararse para afrontar desafíos cada vez más complejos, donde la sostenibilidad, la innovación tecnológica y la planificación estratégica marcarán la diferencia entre la vulnerabilidad y la seguridad.
